Administraciones Lara

Jose David Lara Mendoza nº Col. 2.045

Parque Empresarial Táctica
C/ Botiguers 5 - B110
46980 Paterna (Valencia)
Tel. 96 277 90 40
buzon@administracioneslara.com

Administraciones Lara - Jose David Lara Mendoza nº Col. 2.045

Si compro una vivienda con una derrama, ¿quién debe hacerse cargo de los pagos? Leer más: Si compro una vivienda con una derrama, ¿quién debe hacerse cargo de los pagos?

Obligaciones Propietarios

Si compro una casa con una derrama a pagar en dos años, ¿quién debe hacerse cargo de los pagos una vez que la adquiera?

Si la vivienda no se ha adquirido mediante contrato privado, sino que se ha hecho en escritura pública, existe la obligación de entregar un certificado de deudas que se debe unir al cuerpo de la escritura de compraventa, salvo que el adquirente de forma expresa fuese exonerado por el vendedor de esta obligación. Por otro lado, aunque la vivienda no se transmita en documento público sino que se haga mediante contrato privado, no desaparece para el comprador la obligación frente a la comunidad de propietarios de responder con el propio inmueble adquirido de las deudas del año en curso y de las de los anteriores tres años.

En primer lugar, el certificado debe venir redactado, expedido por el secretario con el visto bueno del presidente de la comunidad y no por parte de cualquier otro propietario, aunque conviene aclarar que en muchas comunidades el cargo de secretario lo ostenta el presidente.

Normativa que ha quedado regulada por la disposición final primera,  apartado tres, e) párrafo tercero y cuarto de la Ley 8/2013 de 26 de junio de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que dice:

El adquirente de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal, incluso con título inscrito en el Registro de la Propiedad, responde con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a los tres años naturales anteriores. El piso o local estará legalmente afecto al cumplimiento de esta obligación.

En el instrumento público mediante el que se transmita, por cualquier título, la vivienda o local el transmitente, deberá declarar hallarse al corriente en el pago de los gastos generales de la comunidad de propietarios o expresar los que adeude. El transmitente deberá aportar en este momento certificación sobre el estado de deudas con la comunidad coincidente con su declaración, sin la cual no podrá autorizarse el otorgamiento del documento público, salvo que fuese expresamente exonerado de esta obligación por el adquirente. La certificación será emitida en el plazo máximo de siete días naturales desde su solicitud por quien ejerza las funciones de secretario, con el visto bueno del presidente, quienes responderán, en caso de culpa o negligencia, de la exactitud de los datos consignados en la misma y de los perjuicios causados por el retraso en su emisión.

Como se habrá podido apreciar, el legislador no obliga a que en el citado certificado se exprese la cuantía de la cuota de la comunidad ni mucho menos la posible existencia de derramas presentes o futuras ni tampoco de su cuantía o duración, simplemente obliga a que se acredite si está al corriente de pago o no y solo en este último caso que se especifique las deudas, por ello, es muy conveniente que el futuro adquirente pregunte por escrito al vendedor y al administrador este extremo, ya que puntualmente puedan darse casos en los que de haber sabido y conocido de las elevadas derramas a sufragar, nunca se hubiera adquirido la vivienda, situación por otra parte que aunque pudiera presentarse como injusta no exime al nuevo adquirente de abonarlas. Cuestión distinta sería la posible reclamación judicial que instara el nuevo propietario (responsable de la deuda), frente al antiguo (deudor real), si pudiera “demostrar” que se le ha ocultado dicha información a pesar de existir constancia de su intento de averiguación.

Conclusión. Teniendo en cuenta la jurisprudencia mayoritaria y el fin perseguido por el legislador, debe hacerse cargo de los pagos el nuevo propietario ya que de no hacerlo, la comunidad podría demandarle para incluso satisfacerse de la deuda con lo obtenido por la venta judicial del bien inmueble. Ahora bien, también defiendo que puede repetir acción en los tribunales de justicia contra quien le transmitió ese bien, en teoría “libre de cargas”.

CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE VECINOS

¿Deben todos los gastos y cargas de la comunidad (calefacción, gestión, etc.) aplicarse a los vecinos en virtud del coeficiente de participación? ¿Es ajustado a derecho realizar el reparto de los gastos de manera igualitaria, repartiendo el montante de estos a partes iguales entre los vecinos al margen de la cuota de participación?

Respecto a su primera pregunta, aclarar que común e incluso técnicamente se confunde el significado en sí de los términos cuotas de participación con los de los coeficientes de propiedad, los del título constitutivo con los de la realidad física que no siempre son coincidentes, e incluso también se mezclan en su redacción, pero partiendo de la idea de que creo que usted se refiere a las cuotas de participación, la respuesta no es otra que la afirmativa y lo es porque es el criterio que mayoritariamente sigue la jurisprudencia del Tribunal Supremo, las resoluciones de los tribunales de justicia en general y una buena parte de la doctrina, criterio que ya sólo por las confusiones que en su esencia arrastra yo no comparto. Le copio a continuación la normativa básica que lo regula. Ley de Propiedad Horizontal (Ley 49/1960, de 21 de julio):

Artículo 3:

En el régimen de propiedad establecido en el artículo 396 del Código Civilcorresponde a cada piso o local:

A cada piso o local se atribuirá una cuota de participación con relación al total del valor del inmueble y referida a centésimas del mismo. Dicha cuota servirá de módulo para determinar la participación en las cargas y beneficios por razón de la comunidad. Las mejoras o menoscabos de cada piso o local no alterarán la cuota atribuida, que sólo podrá variarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 17 de esta Ley.

Artículo 5:

En el mismo título se fijará la cuota de participación que corresponde a cada piso o local, determinada por el propietario único del edificio al iniciar su venta por pisos, por acuerdo de todos los propietarios existentes, por laudo o por resolución judicial. Para su fijación se tomará como base la superficie útil de cada piso o local en relación con el total del inmueble, su emplazamiento interior o exterior, su situación y el uso que se presuma racionalmente que va a efectuarse de los servicios o elementos comunes.

Artículo 9:

1. Son obligaciones de cada propietario:

e) Contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización.

f) Contribuir, con arreglo a su respectiva cuota de participación, a la dotación del fondo de reserva que existirá en la comunidad de propietarios para atender las obras de conservación y reparación de la finca y, en su caso, para las obras de rehabilitación.

Situación que, respondiendo ya a su segunda pregunta, no evita que en la realidad no sean pocas las comunidades que se someten a unas normas de reparto distintas a las de las cuotas de participación, siempre y cuando se haga respetando el tenor de lo regulado en la Ley de Propiedad Horizontal. El problema subyace y aflorará cuando uno de los copropietarios que en su momento aceptó y adoptó esta o aquella forma de reparto cambie de opinión, queriendo volver al régimen basado en cuotas de participación, o que un nuevo adquirente no quiera soportar la mencionada proporción igualitaria y acabe demandando a la comunidad en los tribunales de justicia para que se adopte el sistema de reparto tradicional, el de cuotas de participación. A este respecto debe tener en cuenta el artículo18 de la Ley de Propiedad Horizontal:

Artículo 18:

1. Los acuerdos de la junta de propietarios serán impugnables ante los tribunales de conformidad con lo establecido en la legislación procesal general, en los siguientes supuestos:

a) Cuando sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios.

b) Cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios.

c) Cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.

2. Estarán legitimados para la impugnación de estos acuerdos los propietarios que hubiesen salvado su voto en la junta, los ausentes por cualquier causa y los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto. Para impugnar los acuerdos de la junta, el propietario deberá estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas. Esta regla no será de aplicación para la impugnación de los acuerdos de la junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9 entre los propietarios.

3. La acción caducará a los tres meses de adoptarse el acuerdo por la junta de propietarios, salvo que se trate de actos contrarios a la ley o a los estatutos, en cuyo caso la acción caducará al año. Para los propietarios ausentes dicho plazo se computará a partir de la comunicación del acuerdo conforme al procedimiento establecido en el artículo 9.

4. La impugnación de los acuerdos de la junta no suspenderá su ejecución, salvo que el juez así lo disponga con carácter cautelar, a solicitud del demandante, oída la comunidad de propietarios.

Conclusión. El reparto generalizado y habitual es el de la regla de las cuotas de participación, y cualquier otro distinto como pueda ser el del reparto igualitario se tiene que conseguir bajo las exigencias del artículo 17.6 de la Ley de Propiedad Horizontal, y posteriormente elaborar unos estatutos de la comunidad con esta incorporación modificativa para inscribirlos en el Registro de la Propiedad, de modo y manera que ningún propietario o futuro adquirente pueda posteriormente mediante criticables estrategias, intentar su impugnación en los tribunales de justicia.

*Javier Sevillano, abogado experto en derecho bancario de Legal & Media.

El barrio de Valencia que puede convertirse en un ejemplo mundial

Hay algo que diferencia al barrio de Orba, en Alfafar, a las afueras de Valencia, de cualquier otro construido al calor del desarrollismo de los sesenta. Lo distingue incluso de un vecindario prácticamente idéntico levantado en la misma época en Sevilla por el mismo promotor, con los mismos planos e idéntico nombre originario: Parque Alcosa (acrónimo del constructor Alfredo Corral, SA). Sobre el conglomerado de viviendas de la albufera sur valenciana hay un proyecto único que ha sido galardonado con el premio internacional de Rehabilitación Urbana en Edificaciones Masivas, una distinción concedida por ONU-Hábitat por la que competían otros 751 proyectos de todo el mundo.

 

MÁS INFORMACIÓN

 

“Una ciudad sostenible reduce la pobreza y las desigualdades”

Las UVAS de la vida

Dos ciudades españolas buscan un premio al mejor plan de movilidad urbana

El plan se basa en la “revitalización de un barrio obsoleto de bloques de vivienda homogénea”, según cuentan sus autores, María García y Gonzalo Navarrete, miembros del estudio de arquitectura Improvistos. El vecindario está compuesto por una agrupación de edificios semejantes, alineados en cuadrículas, en el que viven alrededor de 6.000 personas en solo dos tipos de viviendas distintas: una de unos 70 metros cuadrados (todas idénticas entre sí) y otra de 90 (ídem).

 

“Nos hemos basado en las experiencias de cohousing y vivienda colaborativa, que en Europa son más frecuentes. En una comunidad de vecinos se pueden definir varios grados de privacidad y aprovechar zonas infrautilizadas, como las cubiertas para servicios comunes, o generar actividades económicas que financien parte de los cambios”, explican los arquitectos. Además de sitios vacíos, el plan contempla, por un lado, aprovechar las viviendas desocupadas para crear lugares de uso vecinal, como pueden ser zonas de estudio o lavanderías; por otro, tomar parte de la superficie de aquellos hogares cuyos inquilinos no precisan de tanto espacio. Se ganan metros cuadrados para la comunidad y el habitante ahorra en gastos.

 

Los creadores del proyecto buscan una distribución que pueda evolucionar con sus habitantes: ampliaciones, anexiones de las viviendas contiguas, disminuciones. Hogares y personas se adaptan entre sí (ver ejemplos concretos en la fotogalería). Es un fenómeno que se conoce como arquitectura progresiva, la apropiación de los espacios por parte de los usuarios. En lugar de comprar una casa con dimensiones invariables, en una parcela se pueden ir aumentando o disminuyendo las habitaciones y los lugares según las necesidades y los recursos. En el caso de Orba, esto se traslada a los edificios: partiendo de la vivienda tradicional levantada en el barrio, Improvistos sugiere cambios que “aumentan considerablemente la diversidad con un coste muy bajo y sin tocar los muros de carga”.

 

La descrita sería solo una parte del proyecto, que va más allá: propone, entre otras muchas, medidas de eficiencia energética con recursos renovables; ordenar las improvisadas huertas que los vecinos están creando en las parcelas que hay junto a una carretera y regarlas con aguas grises saneadas del propio barrio; rehabilitar edificios públicos o emblemáticos, como el antiguo colegio —hoy abandonado— o el viejo centro comercial, que en su día fue el núcleo integrador del barrio y prácticamente se está cayendo a pedazos en pleno corazón de Orba. Para él, los arquitectos proponen potenciar el uso asociativo que ya tiene y unirlo con un vivero empresarial que revitalice la actividad económica de una zona con elevadas tasas de paro.

 

 

Ejemplo de nuevos espacios en un edificio del barrio de Orba. / IMPROVISTOS

 

Porque el proyecto premiado es multidisciplinar, como el propio concurso exige. Valora cinco parámetros: urbano (mejorar el espacio público, la movilidad y promover la viabilidad cultural); económico (introducir nuevas actividades, intervenciones agrícolas e identificar áreas de valor en función del territorio); social (propuestas de género, seguridad y respeto por los derechos vecinales); medioambiental (sostenibilidad y promover un microclima a través de la vegetación y de actividades agrícolas) y de participación (contacto con instituciones y vecinos, promover la participación empresarial e involucrar al ámbito académico).

 

Con todas ellas cuenta el proyecto que hace único al barrio: ningún otro de extrarradio de una gran capital española puede presumir de este premio. Pero más allá de la distinción, ¿va a transformarlo realmente? ¿lo va a convertir en más sostenible y habitable, como proponen los autores del plan? Lo cierto es que no está nada claro. Por un lado, los arquitectos se afanan en aclarar que lo suyo es una propuesta abierta, fruto de lo que partió de un trabajo académico y que después se convirtió en su galardonado planeamiento urbano. “Es importante destacar que la propuesta que hemos desarrollado es solamente un ejemplo de la aplicación de este sistema de intercambio y de creación de espacios compartidos. Nos interesa trabajar con lo existente, tanto con el entorno construido como con el tejido social del barrio y por eso estas sugerencias buscan sólo abrir posibilidades. Pretendemos continuar trabajando con los vecinos y los representantes políticos”, matizan.

 

Sergio Miguel Guillem, concejal de urbanismo de Alfafar, se muestra abierto a estudiar posibilidades, a hablar con los vecinos y, de surgir consensos, buscar financiación. Porque no hay que olvidar que el proyecto no parte del municipio, no tiene asignado presupuesto ni es una prioridad para el Ayuntamiento, según reconoce el edil. “Estamos trabajando en temas menos utópicos, como la inauguración del Ikea [el primero de la Comunidad Valenciana abrió sus puertas en junio en el término municipal de Alfafar] o unas expropiaciones millonarias. Con todo ese trabajo, lo cierto es que solo hemos visto el plan por encima, pero trataremos de estudiarlo y hablar con los vecinos y la Universidad Politécnica de Valencia, que también ha presentado iniciativas en el barrio”, explica Guillem.

 

Que el proyecto salga adelante depende de la voluntad municipal, el consenso y, sobre todo, de la financiación

 

¿Y los vecinos? La mayoría es completamente ajena a lo que sucede. El premio ha tenido escasísima repercusión en los medios locales y el Ayuntamiento tampoco se ha pronunciado oficialmente al respecto. Así que no hay gran implicación por parte de los habitantes de este vecindario, enclavado en un pueblo encajonado entre otros tres que forman parte del extrarradio de Valencia sin solución de continuidad: en pocos metros a pie, de una calle a otra se cruza de Massanasa a Alfafar, de ahí a Benetusser y, unos pasos más allá, a la capital de la provincia.

 

Pero hay una pequeña y activa minoría que sí está comprometida con el proyecto, que incluso ayudó a redactar con una mezcla de ilusión y escepticismo. Son los miembros de la Asociación de Vecinos Parque Alcosa los Alfafares, un grupo de (en su mayoría) jubilados sexagenarios que durante la transición protagonizaron el activismo vecinal en la zona y que hoy siguen implicados con la vida del barrio, combatiendo y, según asumen con ironía, “perdiendo batallas”.

 

La ilusión viene por un proyecto nuevo, distinto, que pretende revitalizar el barrio y que tiene el “gancho” de un premio internacional, según cuenta Julian Moyano Reiz, secretario de la asociación. “Es una gran oportunidad, nos han hecho gratis un proyecto que podemos usar como queramos, cambiar y discutir, sería una torpeza no hacerlo. Y el galardón de la ONU es un incentivo para que busquemos una financiación que de otra forma quizás sería imposible”, añade. El escepticismo llega de la mano de la actitud del Ayuntamiento. “Hemos intentado hablar con ellos y de momento no nos han recibido, no nos hacen ni caso y solo se acuerdan del barrio cuando hay elecciones. No parece que tengan intención de hacer grandes cosas”, lamenta.

 

Muchos factores tienen que converger para que el proyecto salga adelante. Primero, la implicación municipal, después, el consenso con los vecinos y, sobre todo, el gran problema: la financiación. Pero lo cierto es que este barrio humilde y tranquilo, cuya población creció rápidamente gracias la inmigración que trajo el bum inmobiliario y decreció al mismo ritmo después, tiene la oportunidad de convertirse en un ejemplo de transformación para todo el mundo. Los cimientos los tienen. Y, según la ONU, son bastante buenos.

Fincas que pagan de más por el recibo de la luz

Muchas comunidades de propietarios están pagando de más por la luz de su finca. Tienen contratada una potencia eléctrica muy superior a la que necesitan, sobre todo en urbanizaciones de reciente construcción en los nuevos barrios de Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Vallecas o Parla.

En las comunidades de propietarios de unos seis años de antigüedad, solo la factura de la luz supone un 30% del presupuesto anual de la finca, dice Federico Cerrato, administrador colegiado de Fisconta, especializada en administración de fincas y eficiencia energética. “Nos hemos encontrado con que la mayoría de las comunidades de 100-120 propietarios, en zonas como el Ensanche Sur de Alcorcón o el PAU de Móstoles tienen un consumo de energía eléctrica cercano a los 35.000 euros anuales, lo que supone un coste mensual por propietario de 26 euros aproximadamente solo para las zonas comunes (garaje, mancomunidad y portales)”.

Y no siempre se debe a un consumo poco responsable de los vecinos del inmueble.

Un experto debe revisar la potencia contratada. / CONSUELO BAUTISTA

La potencia, o sea, la parte fija del recibo de la luz, está sobredimensionada.

“El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión obliga a realizar el cálculo de potencia con un coeficiente de simultaneidad de 1, es decir, que todas las instalaciones eléctricas funcionen a la vez. Está claro que la demanda real nunca llega a ser la demanda de cálculo. Y además, la promotora contrata el máximo que permite el cuadro eléctrico, algo que a ojos de un instalador o ingeniero es una auténtica aberración, pues la demanda real es muy inferior. Nos hemos encontrado potencias contratadas casi cuatro veces superiores a la demanda real”, explica Cerrato.

Si, posteriormente, estos contratos no se adecuan, se queda una potencia de 19 a 23 kilovatios por portal para, por ejemplo, cuatro alturas y dos vecinos por planta, muy por encima de comunidades más antiguas en las que el término de potencia contratada es de 8 kW. Están pagando más de lo que precisan.

No hay que olvidar que, además, en julio del pasado año se incrementó en torno al 70% el precio del término de potencia contratada.

Son pocos los propietarios que conocen la que tienen en sus viviendas. Y menos en su finca. Con la reciente nueva tarifa eléctrica (en marcha desde el 1 de abril) no queda otra que intentar entender la factura de la luz, vigilar el uso que se hace de la misma y adaptar la tarifa a los hábitos del hogar, aconsejan en el portal inmobiliario Casaktua. Y, por supuesto, llamar a la compañía y ver si existe la posibilidad de ajuste para empezar a pagar menos.

Una ayuda. “La potencia contratada dependerá de los elementos o servicios comunes que requieran suministro eléctrico. No es lo mismo un inmueble con varios portales, ascensores y puertas automáticas que una comunidad de propietarios sin ningún servicio. En el supuesto de una comunidad de vecinos con un ascensor, sería suficiente una tarifa de 13 kilovatios, y en el caso de una comunidad con ascensor, puerta de garaje y más, su potencia debería rondar los 20-25 kilovatios. Para comunidades de propietarios muy pequeñas, sin servicios de ningún tipo, valdría con 10 kilovatios. No obstante, estos son valores muy generales, por lo que cada caso concreto ha de ser evaluado para poder solicitar una bajada de la potencia contratada”, señala Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios Administradores de Fincas (CGCAFE).

Esta organización reconoce que, debido al aumento del importe de las facturas por electricidad, un porcentaje importante de comunidades de propietarios ha tomado ya medidas de ahorro energético que suponen además reducir la potencia eléctrica.

Federico Cerrato ha gestionado este ajuste en los contratos de suministro eléctricos de varias de las comunidades de propietarios que administra en los municipios del suroeste madrileño, Móstoles y Alcorcón.

En tres ha conseguido rebajar la factura de la luz entre 6.000 y 9.000 euros anuales (para garaje, portales y servicios generales); un ahorro que ha repercutido en la cuota mensual del vecino.

Una de ellas es la mancomunidad de la calle de Oceanía, en el Ensanche Sur de Alcorcón, que agrupa a 10 portales y en la que los vecinos han pasado de pagar una factura mensual por los servicios generales de 1.007 a 702 euros. Por el garaje, de 576 a 450 euros (factura mensual). Y en uno de los portales, de 314 a 282 euros (factura bimensual).

A pesar de las continuadas subidas, han logrado la reducción de la factura de la luz en 6.388 euros anuales. El ahorro medio por propietario es de 57 euros al año y de 4,75 euros al mes.

Pero nada es gratis. El ajuste de la potencia, tampoco. Por ejemplo, el coste de la bajada de potencia es de 10,94 euros con Iberdrola y unos 18 euros con Gas Natural Fenosa. Y lo peor, el papeleo.

En teoría, las compañías eléctricas no están poniendo problemas, pero en la práctica sí, según el CGCAFE: “Y decimos en la práctica porque son continuas las trabas que, a nivel administrativo y económico, plantean las compañías eléctricas para reducir la potencia. No es lógico, por ejemplo, que se solicite el CIE —certificado de instalación eléctrica— para acceder a esta reducción, dado que si ha tenido concedida una mayor potencia, no tiene ningún sentido. Presentar un nuevo CIE conlleva un nuevo coste económico para las comunidades de propietarios”.

Es importante que del ajuste de la potencia eléctrica no se encargue un vecino. “Aconsejamos que un instalador compruebe los elementos eléctricos instalados y haga una estimación de las necesidades del edificio. Es muy arriesgado proceder a una reducción de potencia sin un informe técnico bien elaborado, porque podrían producirse cortes en el suministro en momentos determinados si la bajada realizada no era la correcta”, indican en el CGCAFE.

Hay empresas de administración de fincas que ya incluyen en su cartera de servicios el asesoramiento energético gratuito. Entre sus colaboradores están ingenieros especialistas en instalaciones y electricistas instaladores oficiales con carné del Ministerio de Industria.

El alquiler, cada día más barato

Cartel de alquiler de apartamentos.

El precio medio de los alquileres de vivienda en España bajó un 0,8% durante el pasado mes de junio en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior, según datos ofrecidos por del Instituto Nacional de Estadística (INE).

 

De esta manera, la evolución del precio de los alquileres encadena 15 meses consecutivos de caídas. El descenso de los precios de los alquileres contrasta con la evolución del IPC general, que subió un 0,1% en junio.

 

El coste de los arrendamientos cayó una décima en tasa mensual y en lo que va de año el descenso es del 0,5%. Por regiones, los precios de los alquileres bajaron en 14 comunidades autónomas en tasa anual.

 

Navarra, Madrid, Murcia y La Rioja entre las regiones donde las rentas se redujeron más

Las rentas de las viviendas se redujeron con mayor fuerza en Navarra (-2,1%), Madrid (-1,9%), Murcia (-1,5%), La Rioja (-1,4%), Extremadura (-1,4%) y Comunidad Valenciana (-1,2%).

 

Caídas inferiores al 1% se dan en Canarias (-0,9%), Andalucía (-0,9%), Castilla-La Mancha (-0,8%), Castilla y León (-0,5%), Cantabria (-0,4%), País Vasco (-0,4%), Aragón (-0,3%), Baleares (-0,2%) y la ciudad autónoma de Ceuta (-0,2%).

 

Y en el lado opuesto a la tónica general de las bajadas, los precios subieron en Melilla (+0,6%), Asturias (+0,3%) y Cataluña (+0,1%). La ‘cotización’ del alquiler se mantuvo estable en Galicia (+0%).

 

La Ley de Servicios y Colegios Profesionales y la administración de fincas

El espacio íntimo, ése, que solo reservamos a nuestros familiares y amigos más cercanos es tan bien ese espacio en el que la profesionalidad se deja sentir. Sí hablamos de reformas en nuestra vivienda, recurriros inevitablemente a profesionales, pues, precisamente esa profesionalidad es la que ha llevado a los administradores de fincas, a ser una pieza cada vez más indispensable en nuestro espacio íntimo.

El trabajo de los administradores de fincas es hoy en día, y sobre todo en este contexto de crisis, necesario y resolutivo, ya que gracias a este se ha podido gestionar con solvencia las obligaciones exigibles al sector inmobiliario conforme a la nueva normativa vigente, logrando que los propietarios disfruten de unas garantías básicas sobre sus derechos.

A pesar de estar reconocida su profesionalidad, hay quien considera que en su labor profesional puede abrirse una puerta, que permita la entrada a la administración de fincas – y a otros sectores profesionales- de sujetos que puedan llevar a cabo el desarrollo de esta profesión de manera superficial, tirando por tierra, el trabajo consolidado de miles de profesionales colegiados que a lo largo del tiempo han conseguido que su buen hacer y profesionalidad no quede en entredicho.

Por ello, la futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales, no puede nacer amparando el intrusismo en los servicios profesionales, porque sería considerar la profesionalidad y el buen hacer de tantos profesionales como un hecho decorativo, y no como una razón de ser de aquellos que dedican su vida laboral a la transformación de los problemas en soluciones factibles para la ciudadanía.

Una ley contraria a poner en valor los méritos profesionales, es una ley que surge del desconocimiento de las demandas de esos sectores que buscan legitimar su labor, con consecuencias positivas, para conseguir construir una sociedad más justa y solidaria para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Precisamente, la construcción debe ser sostenible y debe seguir garantizando la viabilidad de un sector gravemente mermado por la situación de crisis en nuestro país y que necesita de medidas que busquen en la profesionalidad de todos los que están relacionados con la construcción, una reconstrucción viable del mismo.

Inexcusablemente por este motivo, una Ley de Servicios y Colegios Profesionales no puede ver la luz, dando la espalda a esa profesionalidad concreta que hoy exige la ciudadanía a todos aquellos, que tienen vocación del servicio hacía los demás, ya sea desde el ámbito público o privado.

Por consiguiente, sí la profesionalidad se compra y es adquirida para un ámbito tan personal como es nuestra vivienda, ¿vamos a permitir que esa profesionalidad quede relegada a un segundo lugar? La respuesta es no, porque la política está para corregir y mejorar los errores, no para ser parte de ese problema, que aunque venga legitimada por una mayoría parlamentaria, nunca debe ir en contra de una voluntad profesional, que busca querer enmendar los errores para garantizar y aumentar los derechos de una ciudadanía, que cada vez más demanda en su ámbito personal, la profesionalidad y cometido de una carrera con clara vocación de servicio a la ciudadanía.

Por ello, desde el Parlamento de Andalucía, se ha tenido la posibilidad de acercarse a la labor y profesionalidad de este sector. Distintas iniciativas han permitido conocer la labor de los colegios profesionales, una profesionalidad que se pone de manifiesto a través de las cifras, cuando el propio Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas, manifiesta que su actividad transcurre por el camino correcto, al hablar de que ocho de cada diez viviendas españolas están gestionadas por profesionales colegiados.

Por lo que, se puede extraer la conclusión, que sí el público compra el producto, es porque lo considera útil, mereciendo nuestro apoyo y reconocimiento, a esos servicios que se prestan desde la cercanía y con la complicidad de la confianza que generan unos buenos profesionales.